Llegaron a Ciudad de Guatemala a denunciar la injusticia y pedir la aplicación del debido proceso violentado en la detención de sus familiares. Una veintena de mujeres, con sus hijos e hijas en brazos, recorrieron el trayecto entre Santa Cruz Barillas y la capital para ser escuchadas. Narraron lo que sufrieron en sus comunidades, tras la realización de una consulta de buena fe en la que se rechazó un proyecto hidroeléctrico, y las amenazas y persecución que se dieron contra ellas y sus familias. Vinieron con su coraje, su valentía y su dignidad intacta, a pesar del miedo, el dolor y la miseria en la que viven.

Tras los sucesos del 1 de mayo, sus compañeros de vida fueron capturados por personas particulares que los entregaron a la Policía. No había flagrancia, porque estas capturas se realizaron un día después de los acontecimientos, y la ley prohíbe que personas ajenas a las fuerzas de seguridad realicen detenciones, a menos que el delito se esté cometiendo en ese momento, y ese no era el caso.

Ninguno de los nueve detenidos fue presentado ante juez competente en el tiempo que establece la ley, pero sí se les llevó ante la prensa antes de ser escuchados por la autoridad. Quienes solo hablan q’anjob’al se enteraron del motivo de su detención 15 días después, porque en ninguna de las audiencias anteriores había un intérprete. Los abogados defensores tuvieron que esperar hasta el 16 de mayo —casi dos semanas después— para tener acceso al expediente. Ante todos los vicios de procedimiento presentaron un amparo —que sigue sin resolverse— solicitando objetividad y respeto al debido proceso ante las graves violaciones a los derechos individuales de cada uno de los capturados.

Parece que se diera ya por hecho que las personas que hoy están presas son las verdaderas responsables de los sucesos violentos, y eso no se vale. La Constitución establece el principio de presunción de inocencia y este debiera ser respetado. Claro que sería un duro golpe político admitir que estas capturas fueron ilegales y que el estado de Sitio no arrojó resultados.

Pero para eso está el sistema de justicia, para respetar las garantías del debido proceso y para evitar que en este país todavía haya ciudadanos de tercera categoría —que siempre resultan ser indígenas y campesinos— contra quienes se aplica “todo el peso de la ley”, aunque para lograrlo haya que retorcerla. Aquí lo que se requiere es una investigación exhaustiva y objetiva y un procedimiento judicial transparente y apegado a derecho, y no un circo mediático y político.

La conflictividad en las comunidades de Barillas no ha terminado. Continúan los patrullajes nocturnos de hombres armados, sigue el acoso contra los líderes y los vecinos, y la empresa, a pesar de lo ocurrido y de la captura de dos de sus trabajadores como presuntos responsables del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel, sigue operando como si nada.

Más allá de si uno está de acuerdo con la generación de energía limpia a través de las hidroeléctricas, no es con violencia, persecución, indiferencia y desprecio a las comunidades —a sus decisiones y sus derechos— como se alcanzan acuerdos y se resuelve la conflictividad social.

Noticia publicada en | Prensa Libre